A más de una década de su implementación, la figura de preponderancia en telecomunicaciones —una creación jurídica sin sustento económico— enfrenta señales claras de agotamiento. Aunque aceleró la competencia en ciertos sectores, también impuso límites regulatorios poco funcionales y desincentivó inversiones en regiones menos rentables. El caso de Telcel ilustra cómo una empresa puede mantener la etiqueta de “preponderante” a pesar de haber cedido participación significativa en líneas, servicios e ingresos.
